En días recientes se hizo público en varios medios de comunicación que drones (Aviones no tripulados o UAV) de reconocimiento (surveillance) norteamericanos sobrevuelan espacio aereo de México como parte de la "ayuda" de los Estados Unidos a México en su lucha (guerra) contra el narcotráfico.
Esta situación más allá del tema legal de la sobernía nacional, manifiesta que el Gobierno Mexicano (Ejecutivo Federal) es incapaz y/o imcompetente para salvaguardar el espacio nacional ante la criminalidad. Se podría entender que hay buenas intenciones, pero de ellas se dice que está lleno el camino al infierno. El supuesto que explican es que los Estados Unidos compartirán la "información relevante" con el Gobierno Mexicano para que su lucha (guerra) contra el narcotráfico de buenos¿? resultados. ¿Que harán con el resto de información adquirida que a su juicio no sea relevante para el narcotráfico? (Pozos de petroleo, gas, movimiento de tropas, red eléctrica, etc.)
Desde antes de los ataques del 11 de Septiembre de 2001, los Estados Unidos han tenido políticas y programas controversiales que de alguna forma violentan la privacidad, la libertad de expresión y otros derechos civiles de sus ciudadanos, pero se profundizaron después de estos eventos.
Reflexionando sobre el ACTA (Acuerdo Comercial Anti-falsificación) que muy probablemente México firme, estaremos en una situacion muy similar al anterior, el Gobierno Mexicano al ser incapaz y/o imcompetente para cumplir los compromisos nacidos del ACTA, permitiría que los Estados Unidos u otro(s) país(es) sean los que vigilen, infiltren y conozcan (surveillance) lo que hace y dice la población que usa redes de información y comunicación en México, si no es que ya lo están haciendo en menor grado, con o sin conocimiento de las autoridades mexicanas, con el objetivo de que México pueda cumplir con sus compromisos adquiridos con la firma del ACTA. Así es como las autoridades de estos países tendrían toda esta información sin una orden judicial, lo que bajo el marco jurídico mexicano actual es ilegal. Le darían a las autoridades mexicanas la "información relevante" que ellos consideren así para el tema del que se trate.
Debemos recordar que un acuerdo (tratado) internacional está por encima de las leyes federales y locales, y que en el ACTA en la letra pequeña contradice las garantías individuales plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces nos veremos obligados a recurrir a los tribunales para exigir el respeto a la privacidad y otros derechos que presuntamente aún tenemos. Estas contradicciones podrían evitarse si se modifica el texto del ACTA relacionado a la interverción de comunicaciones (algo remotamente probable), si se rechaza la firma del acuerdo (¿políticamente inaceptable?), o si se modifican las garantías individuales en la Constitución para que no haya conflicto alguno, y por lo tanto la intervención de comunicaciones, entre otros actos, sin orden judicial sería legal.
Tal vez, como medios de comunicación han hecho público en el pasado que se presume que los equipos de vigilancia telefónica de la Iniciativa Mérida (Antinarcotráfico) se han usados para espionaje político, esta infraestructura relacionada al ACTA tenga un uso similar. Claro que funcionarios del Gobierno Federal no son los únicos que se presume espían a sus rivales políticos (intervención de comunicaciones). Ver: Centro de espionaje en Cancún
Pero.. ¿Por qué el Gobierno Mexicano (Ejecutivo Federal) está dispuesto a firmar un acuerdo que contiene compromisos que van en contra de las leyes y los derechos mexicanos? Esperemos a ver que dice el Senado de la República en este tema.
Friday, March 18, 2011
Monday, March 14, 2011
El crimen cibernético cuesta un millón de millones de dólares
Apareció en varios foros y blogs: "Cybercrime is now costing the UK $43.5 billion and around $1 trillion globally". La pregunta básica es ¿cuál es la fuente de tal información? Por más que se busque no se va a encontrar. ¿Mito o realidad?
La cantidad global, se podría atribuir a Dave DeWalt, director ejecutivo de McAfee, quien dijo a CBR que sus primeras estimaciones, de 2008, indicaban que aproximadamente las empresas pierden un millón de millones (un billón) de dólares americanos en propiedad intelectual.
Aun cuando no se han presentado datos confiables y representativos que respalden esta cantidad monetaria, misma que representa un fenómeno muy complejo e intangible, esta cantidad ya quedó fija en la mente de muchas personas, y ya comienza a divulgarse como verdadera entre las comunidades de seguridad informática.
Según los principios de propaganda de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolfo Hitler en 1933, la propaganda debe ser presentada por líderes de opinión, debe ser creible , debe ser transmitida en tal forma que despierte interés del público y los medios de comunicación, la propaganda debe ser etiquetada con frases y slogans distintivos.
Este ya famoso millón de millones de dólares en pérdidas de propiedad intelectual ya está listo para ser usado a discreción por grupos empresariales oligopólicos y gobernantes interesados en presionar por leyes y acuerdos más severos, aun cuando estos amenacen la privacidad, la libertad de expresión y otros derechos civiles de los usuarios de tecnologías de información, tal como parece ser el ACTA (Acuerdo comercial anti-falsificación).
La cantidad global, se podría atribuir a Dave DeWalt, director ejecutivo de McAfee, quien dijo a CBR que sus primeras estimaciones, de 2008, indicaban que aproximadamente las empresas pierden un millón de millones (un billón) de dólares americanos en propiedad intelectual.
Aun cuando no se han presentado datos confiables y representativos que respalden esta cantidad monetaria, misma que representa un fenómeno muy complejo e intangible, esta cantidad ya quedó fija en la mente de muchas personas, y ya comienza a divulgarse como verdadera entre las comunidades de seguridad informática.
Según los principios de propaganda de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolfo Hitler en 1933, la propaganda debe ser presentada por líderes de opinión, debe ser creible , debe ser transmitida en tal forma que despierte interés del público y los medios de comunicación, la propaganda debe ser etiquetada con frases y slogans distintivos.
Este ya famoso millón de millones de dólares en pérdidas de propiedad intelectual ya está listo para ser usado a discreción por grupos empresariales oligopólicos y gobernantes interesados en presionar por leyes y acuerdos más severos, aun cuando estos amenacen la privacidad, la libertad de expresión y otros derechos civiles de los usuarios de tecnologías de información, tal como parece ser el ACTA (Acuerdo comercial anti-falsificación).
Sunday, March 13, 2011
ALERTA: ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)
El ACTA (Acuerdo comercial anti-falsificación) representa una seria amenaza a la privacidad y a la libertad de expresión a través de herramientas de distribución de contenidos en Internet y demás tecnologías de información en México, Estados Unidos, Japón, Suiza, Unión Europea, Canadá, Australia, Marruecos, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Singapur.
Si bien el nombre dice acuerdo comercial para salvaguardar los derechos de autor de la falsificación, su esencia en cuanto a la Internet y las tecnologías de información (celulares, laptops, ipod, PCs, CDs, Memorias USB, correo electrónico, etc) es la de vigilar, infiltrar y conocer el contenido de las comunicaciones, de los mensajes y archivos privados de las personas y de las empresas.
Bajo este acuerdo si es firmado por el Gobierno Mexicano, algo que parece muy probable que ocurra, los proveedores de Internet (ISP) tales como Telmex, Telcel, Movistar, Unefon, Nextel, Axtel, las compañías de televisión por cable y muchos más, podrían revisar todo el contenido (correos electrónicos, mensajes de texto, archivos de datos, video, audio) que sus clientes envien o reciban.
Los proveedores de internet unilateralmente podrían juzgar y sentenciar a los clientes para desconectarlos, es decir cortarles el servicio o limitarlo, esto último ya lo realiza Telmex al impedir que los clientes domésticos puedan enviar correos electrónicos usando programas como el Outlook, es decir, cerraron el puerto de salida de los correos electrónicos. Así mismo podrán informar a la autoridades y transmitir las "evidencias" (almacenamiento de información privada) de los presuntos "actos ilícitos".
El ACTA obligará a los gobiernos de los países firmantes a multar o encarcelar a las personas que a su juicio sean culpables. Algo que en México se entiende normalmente que cualquier persona se la considera "Presunto Culpable" desde el primer momento, aún cuando en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Genera mucha desconfianza y suspicacia el hecho que el ACTA se ha estado negociando desde 2006 en total secrecía. La información que se tiene del contenido del documento "final" (15 de noviembre 2010) fue a través de filtraciones.
Si el supuesto del Gobierno Mexicano, al igual que los demás gobiernos, es que defiende los derechos civiles, humanos de sus habitantes ¿Por qué tanto secreto?
Si bien el nombre dice acuerdo comercial para salvaguardar los derechos de autor de la falsificación, su esencia en cuanto a la Internet y las tecnologías de información (celulares, laptops, ipod, PCs, CDs, Memorias USB, correo electrónico, etc) es la de vigilar, infiltrar y conocer el contenido de las comunicaciones, de los mensajes y archivos privados de las personas y de las empresas.
Bajo este acuerdo si es firmado por el Gobierno Mexicano, algo que parece muy probable que ocurra, los proveedores de Internet (ISP) tales como Telmex, Telcel, Movistar, Unefon, Nextel, Axtel, las compañías de televisión por cable y muchos más, podrían revisar todo el contenido (correos electrónicos, mensajes de texto, archivos de datos, video, audio) que sus clientes envien o reciban.
Los proveedores de internet unilateralmente podrían juzgar y sentenciar a los clientes para desconectarlos, es decir cortarles el servicio o limitarlo, esto último ya lo realiza Telmex al impedir que los clientes domésticos puedan enviar correos electrónicos usando programas como el Outlook, es decir, cerraron el puerto de salida de los correos electrónicos. Así mismo podrán informar a la autoridades y transmitir las "evidencias" (almacenamiento de información privada) de los presuntos "actos ilícitos".
El ACTA obligará a los gobiernos de los países firmantes a multar o encarcelar a las personas que a su juicio sean culpables. Algo que en México se entiende normalmente que cualquier persona se la considera "Presunto Culpable" desde el primer momento, aún cuando en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Genera mucha desconfianza y suspicacia el hecho que el ACTA se ha estado negociando desde 2006 en total secrecía. La información que se tiene del contenido del documento "final" (15 de noviembre 2010) fue a través de filtraciones.
Si el supuesto del Gobierno Mexicano, al igual que los demás gobiernos, es que defiende los derechos civiles, humanos de sus habitantes ¿Por qué tanto secreto?