En días recientes se hizo público en varios medios de comunicación que drones (Aviones no tripulados o UAV) de reconocimiento (surveillance) norteamericanos sobrevuelan espacio aereo de México como parte de la "ayuda" de los Estados Unidos a México en su lucha (guerra) contra el narcotráfico.
Esta situación más allá del tema legal de la sobernía nacional, manifiesta que el Gobierno Mexicano (Ejecutivo Federal) es incapaz y/o imcompetente para salvaguardar el espacio nacional ante la criminalidad. Se podría entender que hay buenas intenciones, pero de ellas se dice que está lleno el camino al infierno. El supuesto que explican es que los Estados Unidos compartirán la "información relevante" con el Gobierno Mexicano para que su lucha (guerra) contra el narcotráfico de buenos¿? resultados. ¿Que harán con el resto de información adquirida que a su juicio no sea relevante para el narcotráfico? (Pozos de petroleo, gas, movimiento de tropas, red eléctrica, etc.)
Desde antes de los ataques del 11 de Septiembre de 2001, los Estados Unidos han tenido políticas y programas controversiales que de alguna forma violentan la privacidad, la libertad de expresión y otros derechos civiles de sus ciudadanos, pero se profundizaron después de estos eventos.
Reflexionando sobre el ACTA (Acuerdo Comercial Anti-falsificación) que muy probablemente México firme, estaremos en una situacion muy similar al anterior, el Gobierno Mexicano al ser incapaz y/o imcompetente para cumplir los compromisos nacidos del ACTA, permitiría que los Estados Unidos u otro(s) país(es) sean los que vigilen, infiltren y conozcan (surveillance) lo que hace y dice la población que usa redes de información y comunicación en México, si no es que ya lo están haciendo en menor grado, con o sin conocimiento de las autoridades mexicanas, con el objetivo de que México pueda cumplir con sus compromisos adquiridos con la firma del ACTA. Así es como las autoridades de estos países tendrían toda esta información sin una orden judicial, lo que bajo el marco jurídico mexicano actual es ilegal. Le darían a las autoridades mexicanas la "información relevante" que ellos consideren así para el tema del que se trate.
Debemos recordar que un acuerdo (tratado) internacional está por encima de las leyes federales y locales, y que en el ACTA en la letra pequeña contradice las garantías individuales plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces nos veremos obligados a recurrir a los tribunales para exigir el respeto a la privacidad y otros derechos que presuntamente aún tenemos. Estas contradicciones podrían evitarse si se modifica el texto del ACTA relacionado a la interverción de comunicaciones (algo remotamente probable), si se rechaza la firma del acuerdo (¿políticamente inaceptable?), o si se modifican las garantías individuales en la Constitución para que no haya conflicto alguno, y por lo tanto la intervención de comunicaciones, entre otros actos, sin orden judicial sería legal.
Tal vez, como medios de comunicación han hecho público en el pasado que se presume que los equipos de vigilancia telefónica de la Iniciativa Mérida (Antinarcotráfico) se han usados para espionaje político, esta infraestructura relacionada al ACTA tenga un uso similar. Claro que funcionarios del Gobierno Federal no son los únicos que se presume espían a sus rivales políticos (intervención de comunicaciones). Ver: Centro de espionaje en Cancún
Pero.. ¿Por qué el Gobierno Mexicano (Ejecutivo Federal) está dispuesto a firmar un acuerdo que contiene compromisos que van en contra de las leyes y los derechos mexicanos? Esperemos a ver que dice el Senado de la República en este tema.
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